¿Por qué los formulario financieros son clave para proteger las empresas del lavado de dinero y actividades ilícitas?
En los últimos años, Bolivia ha fortalecido su marco legal para prevenir delitos financieros como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción. En este contexto, el uso de formularios de verificación y control por parte de las empresas no solo es una práctica administrativa; es una medida de protección jurídica y reputacional frente a riesgos que pueden comprometer gravemente su integridad.
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) es la entidad estatal encargada de supervisar que el sistema financiero y las actividades económicas del país se mantengan libres de dinero ilícito. Según la Ley N° 393 de Servicios Financieros, la UIF tiene autonomía para investigar, requerir información y dictar normas que garanticen el cumplimiento de las medidas contra la legitimación de ganancias ilícitas.
Esto significa que cualquier empresa o persona que maneje valores, dinero o bienes de terceros —aunque no sea una entidad financiera tradicional— puede considerarse un sujeto obligado a cumplir estas disposiciones. Aquí entran, por ejemplo, las casas de empeño, joyerías, personas naturales que otorgan préstamos privados o empresas que reciben bienes en depósito.
Bolivia forma parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), una organización internacional que promueve políticas contra el lavado de activos. El país, al adherirse mediante la Ley N° 4072 de 2009, se comprometió a cumplir con las 40 recomendaciones del GAFI, un estándar mundial que exige mecanismos de control, trazabilidad del dinero y registros claros de todas las operaciones sospechosas.
Los formularios que las empresas deben implementar —como los de identificación de clientes, declaraciones de procedencia de fondos o custodia de bienes— son una herramienta práctica para aplicar estas recomendaciones. No se trata solo de “papeleo”, sino de un escudo documental que demuestra que la empresa actúa con transparencia y buena fe.
A nivel nacional, la Ley N° 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz” complementa este marco, obligando a toda entidad o persona que detecte operaciones sospechosas a informar a la UIF. Esta norma eliminó el “secreto comercial” o “confidencialidad financiera” cuando se trata de investigaciones relacionadas con legitimación de ganancias ilícitas. En otras palabras: si una empresa detecta una operación dudosa, debe reportarla, sin excusas (Cabe precisar que la obligación de presentar reportes y formularios de cumplimiento ya no se limita únicamente a entidades financieras, sino que se ha extendido también a profesionales independientes como abogados, contadores, notarios y otros sectores que, por la naturaleza de sus actividades, puedan estar vinculados al manejo de fondos o bienes de terceros).
Además, la ley protege a los denunciantes o informantes, garantizando su seguridad, confidencialidad y derechos laborales, lo que fomenta una cultura de colaboración responsable y segura en la lucha contra la corrupción.
Uno de los sectores que más debe prestar atención a estas normas es el de las empresas o personas que otorgan préstamos de dinero (mutuos privados) y aquellas que actúan como depositarias o custodias de piezas de valor, especialmente joyas y oro.
Estas actividades, aunque parezcan de bajo riesgo, manejan activos de alta liquidez y fácil conversión en dinero, por lo que resultan atractivas para operaciones de legitimación de ganancias ilícitas.
Por ello, los formularios que registran información detallada del cliente, el origen del dinero, la descripción del bien depositado, su pureza, peso, valor estimado y fecha de retiro, son esenciales.
Permiten establecer una trazabilidad clara y verificable de cada operación, evitando que la empresa se convierta —incluso de manera involuntaria— en vehículo de delitos financieros.
La implementación de estos formularios no debería verse como una carga burocrática, sino como una medida preventiva y obligatoria para proteger a las empresas de posibles sanciones o procesos judiciales.
Contar con estos registros puede ser la diferencia entre demostrar cumplimiento diligenteo enfrentar acusaciones por negligencia o complicidad indirecta.
Además, un sistema de formularios bien diseñado:
Los formularios financieros y de control de custodia no son simples documentos: son una herramienta de defensa institucional y un acto de responsabilidad social.
En tiempos donde el dinero ilícito busca constantemente nuevas vías para infiltrarse en la economía formal, cada empresa —grande o pequeña— debe comprender que la prevención es el primer paso hacia la integridad.
Adoptar estas medidas no solo protege a la empresa, sino que contribuye a un país más transparente, seguro y confiable ante la comunidad internacional.
Si considera útil contar con apoyo técnico para ajustar sus formularios o procesos —de manera que respondan a las exigencias de la UIF, el GAFILAT y la normativa nacional—, en Ratio Legis estamos disponibles para acompañar ese proceso con soluciones prácticas y adaptadas a su actividad.
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