El incumplimiento y la extinción de las obligaciones

31 Oct 2025

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Introducción

Dentro del Derecho Civil, las obligaciones constituyen la base de las relaciones jurídicas patrimoniales entre las personas. A través de ellas, una parte —el deudor— se compromete a cumplir con una prestación a favor de otra —el acreedor—, generando un vínculo jurídico que exige el cumplimiento conforme a lo pactado. Sin embargo, en la realidad jurídica y económica, no siempre las obligaciones se cumplen de manera exacta o en el tiempo debido, dando lugar a situaciones de incumplimiento y a la aplicación de los mecanismos de extinción de las obligaciones que establece el Código Civil boliviano.

El Capítulo III del Código Civil, en sus artículos 339 al 350, regula las consecuencias jurídicas del incumplimiento, la mora, la responsabilidad del deudor y el resarcimiento del daño. Por otro lado, el Título II, Capítulo I (artículo 351) establece los modos mediante los cuales una obligación puede extinguirse legítimamente.
Este trabajo tiene por finalidad analizar y explicar de forma informativa estos dos aspectos fundamentales del derecho obligacional: el incumplimiento de las obligaciones y la extinción de las mismas, con base en el contenido del Código Civil boliviano.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

El incumplimiento se presenta cuando el deudor no ejecuta la prestación debida, lo hace parcialmente o de forma defectuosa. El artículo 339 del Código Civil establece que el deudor que no cumple exactamente con la obligación está obligado a resarcir el daño, salvo que pruebe que el incumplimiento se debe a una causa que no le es imputable.
Esta disposición refleja el principio de responsabilidad subjetiva, según el cual el deudor es responsable por su incumplimiento salvo prueba en contrario.

La mora del deudor

La mora es el retraso culpable en el cumplimiento de la obligación. Según el artículo 340, el deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial del acreedor.
Sin embargo, el artículo 341 señala que hay casos en los que la mora opera automáticamente (mora ex re), es decir, sin necesidad de requerimiento: cuando se ha pactado expresamente, cuando la deuda proviene de un hecho ilícito, cuando el deudor manifiesta su negativa a cumplir o cuando la ley así lo dispone.

La consecuencia principal de la mora es que, conforme al artículo 342, el deudor no se libera de su obligación ni siquiera si ocurre una imposibilidad sobrevenida, salvo que pruebe que el daño habría ocurrido igualmente en poder del acreedor. Esto significa que la mora agrava la responsabilidad del deudor.

Obligaciones de no hacer

El artículo 343 aclara que las reglas sobre mora no son aplicables a las obligaciones de no hacer, ya que en ellas el simple acto contrario al compromiso constituye incumplimiento.
Por ejemplo, si alguien se compromete a no construir en determinado terreno y lo hace, incurre directamente en incumplimiento sin requerimiento previo.

El resarcimiento del daño

Los artículos 344 al 347 regulan el resarcimiento de daños y perjuicios que surgen del incumplimiento o del retraso.
El artículo 344 dispone que la indemnización comprende tanto la pérdida sufrida (daño emergente) como la ganancia dejada de percibir (lucro cesante), buscando reparar íntegramente al acreedor.
El artículo 345 establece que el resarcimiento solo abarca el daño previsto o previsible, salvo que el incumplimiento provenga de dolo del deudor.
El artículo 346 limita la reparación a los daños inmediatos y directos, incluso si hay dolo, aplicando el principio de causalidad jurídica.
Por último, el artículo 347 regula el caso particular de las obligaciones de dinero, señalando que el resarcimiento consiste en el pago de intereses moratorios, aunque no se pruebe daño alguno.

Culpa del acreedor y responsabilidad por terceros

El artículo 348 reconoce la posibilidad de culpa concurrente del acreedor, disponiendo que si este contribuye al daño con su comportamiento, la indemnización debe reducirse en proporción. También aclara que no habrá resarcimiento por los daños que el acreedor pudo evitar con diligencia ordinaria.

Asimismo, el artículo 349 establece que el deudor responde por los actos dolosos o culposos de los auxiliares que utiliza para cumplir la obligación, salvo pacto en contrario.
Esto garantiza que el acreedor no sea perjudicado por errores o negligencias de personas contratadas por el deudor.

Cláusulas exonerativas de responsabilidad

Finalmente, el artículo 350 declara nulas las cláusulas contractuales que pretendan exonerar al deudor de su responsabilidad por dolo o culpa grave, o que vulneren normas de orden público.
Esta disposición protege la moral y la buena fe contractual, impidiendo que una parte pueda librarse anticipadamente de las consecuencias de su propia conducta dolosa.

LA EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

Toda obligación tiene un fin natural: su extinción. El artículo 351 del Código Civil enumera los principales modos mediante los cuales las obligaciones se extinguen. Estos son:

Cumplimiento: cuando el deudor ejecuta la prestación debida conforme al contrato.
Novación: sustitución de la obligación antigua por una nueva.
Remisión o condonación: perdón voluntario del acreedor hacia el deudor.
Compensación: extinción recíproca de deudas cuando dos personas son acreedoras y deudoras entre sí.
Confusión: cuando acreedor y deudor coinciden en una misma persona.
Imposibilidad sobrevenida no imputable al deudor: cuando la prestación se vuelve objetivamente imposible por causa ajena.
Prescripción: extinción del derecho por el transcurso del tiempo.
Otras causas legales: como resolución o rescisión de contrato.

Cada uno de estos modos tiene efectos liberatorios, pero de distinta naturaleza. Mientras el cumplimiento y la compensación extinguen la obligación por satisfacción del interés del acreedor, la remisión, la prescripción o la imposibilidad sobrevenida lo hacen por causas jurídicas o naturales que justifican la liberación del deudor.

CONCLUSIONES

El incumplimiento de las obligaciones y su extinción son instituciones esenciales del derecho de las obligaciones. El primero asegura la responsabilidad del deudor y la protección del acreedor, mientras que el segundo garantiza la finalidad jurídica de las relaciones obligacionales, evitando su perpetuidad.

El Capítulo III del Código Civil boliviano (arts. 339 al 350) establece un régimen equilibrado que conjuga el principio de buena fe, la previsión de la mora, la responsabilidad por daños y las limitaciones razonables de responsabilidad.
Por su parte, el artículo 351 del mismo cuerpo legal define los modos de extinción de las obligaciones, asegurando que el vínculo jurídico pueda concluir de manera justa, ya sea por cumplimiento o por causas legales.

En conjunto, estas normas reflejan el espíritu del Derecho Civil boliviano: promover la seguridad jurídica, la equidad y la justicia en las relaciones entre particulares, asegurando el cumplimiento de los compromisos y la adecuada reparación cuando estos no se ejecutan conforme a derecho.

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